Los Ministros de Agricultura del G20 se encuentran en París el 22 y 23 de junio para abordar el problema de la volatilidad de los precios de los alimentos.

El relator de Naciones Unidas y experto en alimentación, Olivier de Schutter, hizo ayer un llamamiento para que se ponga fin a las políticas agrarias europeas que dependen de grandes importaciones de materias primas para alimentar al ganado. Asimismo criticó la especulación con alimentos por parte de los bancos, los fondos de inversión y los inversores privados.

Sin embargo, el G20 sigue recomendando más libre comercio, la intensificación de la producción agrícola, así como el fortalecimiento del papel del Banco Mundial y de la inversión privada. Unas medidas extremadamente débiles para combatir la especulación de los alimentos y los agrocombustibles.

Blanca González Ruibal, técnica de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra afirmó: “El G20 no representa a los muchos países y comunidades que sufren el problema del hambre. Históricamente el G20 ha forzado la desregulación de los mercados, lo que ha empeorado las crisis alimentarias. Por lo tanto, no tiene legitimidad para decidir sobre soluciones globales a la crisis de alimentos o a la volatilidad de precios. Los gobiernos del G20 deberían en cambio centrarse en no agravar el problema y devolver la tierra a los más pobres y vulnerables; esto implica frenar los agrocombustibles, financiar la agricultura de pequeña escala y poner en marcha mecanismos de control en el comercio de productos agrícolas”.

Amigos de la Tierra considera que Europa tiene una oportunidad única para liderar una política agraria que contribuya a la lucha de los millones de personas que afrontan en su día a día la crisis alimentaria.

La venta de peces transgénicos ilegales en España, notificada por la AEDPAC en 2007, ha podido ser conocida a partir de la publicación de las actas de la Comisión Nacional de Bioseguridad (CNB), que el Gobierno ha mantenido ocultas durante más de dos años. Se trata de peces de acuario modificados genéticamente para introducirles un gen que regula la producción de proteínas fluorescentes en anémonas y medusas, para que puedan adoptar este color. Son variantes del pez cebra (Danio rerio) y del pez del arroz o Medaka (Oryzias laticeps), con origen en Taiwan y Singapur. Diversos estudios científicos han alertado sobre los riesgos ecológicos de la liberación de peces transgénicos.

“El Gobierno sigue ocultando información sobre la situación de los transgénicos en España, de forma que solo tenemos datos sobre estos casos con años de retraso. No se sabe qué fue de los peces transgénicos ilegales, ni qué medidas se adoptaron. Ni siquiera si siguen o no a la venta” aseguró David Sánchez, responsable de Agricultura y Alimentación de Amigos de la Tierra.

• España es el único país de la UE que cultiva- transgénicos a gran escala, con 76.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente en 2009. Estos cultivos suponen la contaminación constante de los cultivos de maíz ecológico, y de todos los niveles en la cadena de producción, con graves pérdidas económicas para los afectados.
• Según datos de la Agencia Española de Seguridad- Alimentaria y Nutrición (AESAN), el 15% de los alimentos a la venta en España que contienen soja y maíz están contaminados por transgénicos sin que esta información figure en la etiqueta.

España acoge el 42% de todos los ensayos experimentales que se realizan en la UE, lo que ha sido posible gracias a la permisividad y oscurantismo del gobierno a la hora de publicar la localización de estos experimentos, que suponen un grave riesgo de contaminación de otros cultivos y plantas.

El desinterés del Gobierno en controlar los organismos modificados genéticamente, favoreciendo a las multinacionales del sector, se refleja también en el apoyo del Gobierno a la investigación con transgénicos frente a modelos de agricultura más sostenibles, o en la falta de respuesta ante las movilizaciones sociales en contra de la introducción de alimentos y cultivos transgénicos.

La Presidencia danesa había propuesto para el día de hoy “consultas informales de presidencia “, que parece haber sido un intento para cerrar las dos vías de negociación abiertas en Copenhague y con ello «suprimir» el Protocolo de Kioto. Esto permitiría a los países ricos a esquivar la reducción obligatoria de sus emisiones.

Para ello se necesitan políticas adecuadas y justas. Las directrices políticas deberían enfocarse hacia un verdadero apoyo a la agricultura familiar. Se reclama con urgencia que la tierra vuelva a las manos de los pequeños agricultores. Una verdadera reforma agraria, pendiente desde hace tantas décadas, es tan necesaria para el clima como un acuerdo justo en Copenhague.

Sabemos lo que hay que hacer: No es posible que más de mil millones de personas padezcan hambre. Y la mayoría, el 80%, son productores y productoras de alimentos a pequeña escala, Pueblos indígenas, trabajadores y trabajadoras rurales que no pueden vivir de su trabajo.

En la apertura del Foro tanto el Alcalde de Roma, Gianni Alemano como el Director General de la FAO, Jacques Diouf han reconocido que la crisis alimentaria y climática tiene respuesta en los movimientos rurales. Ahora, en la Cumbre Mundial tienen la oportunidad de demostrar que se creen sus propias palabras.

Para reclamar nuestros derechos y para mostrar que podemos alimentar y enfriar al planeta, más de 500 representantes de la sociedad civil de todos los países organizarán un evento contundente e imaginativo frente a los Jefes de Estado.

No más transgénicos.
No a la especulación financiera con los alimentos.
No al nuevo acaparamiento de tierras.
No al cultivo de agrocombustibles.
No a la pesca industrial.

Amigos de la Tierra celebra el anuncio de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la institución afiliada al Grupo del Banco Mundial que se ocupa del sector privado, de detener todas sus inversiones en aceite de
palma. Durante los últimos años, grupos de Amigos de la Tierra en todo el mundo han denunciado la destrucción ambiental y los graves impactos sociales de la extensión de este monocultivo en países del Sudeste Asiático y América Latina. Los principales destinos del aceite de palma son la industria cosmética, la alimentaria y, cada vez en mayor medida, la producción de combustibles.

“Las inversiones a gran escala en plantaciones de aceite de palma conducen a la deforestación y a la violación de los derechos humanos” aseguró Torry Kuswardono de Amigos de la Tierra Indonesia/WALHI. ”Por fin el Banco Mundial reconoce estos problemas, y esperamos que otras instituciones sigan el mismo camino”.

La decisión del Banco Mundial fue desvelada la semana pasada en una carta de su presidente, Robert Zoellick, respondiendo a un llamamiento de organizaciones sociales indonesas e internacionales. La carta anuncia la suspensión de toda la financiación de esta institución del Banco Mundial en el aceite de palma hasta tener una estrategia revisada sobre la financiación de este controvertido sector.

Amigos de la Tierra ha denunciado repetidamente las prácticas de las multinacionales del aceite de palma, como las talas y quemas ilegales, el desplazamiento de comunidades locales en Indonesia por parte del grupo Wilmar, el desastre del avance de estos monocultivos en Malasia o la grave situación creada sobre los derechos humanos.

El aceite de palma es importante tanto para la industria alimentaria como para la cosmética. Pero uno de los grandes motores que ha generado su expansión a gran escala es la demanda de combustibles de origen vegetal (agrocombustibles o biocombustibles) en los países del Norte. Los objetivos obligatorios de EE.UU. y la UE para la introducción de agrocombustibles están detrás de esta última expansión y de la catástrofe ambiental y social que lleva asociada.

“La demanda europea de materias primas como el aceite de palma para la producción de agrocombustibles es en gran parte responsable de la situación en el Sur. Aprovechando esta semana de la movilidad, debemos plantearnos soluciones reales a los impactos generados por nuestro sistema de transporte, que pasen por reducir nuestro consumo de combustibles y no por ceder ante falsas soluciones como los agrocombustibles” afirmó David Sánchez, de Amigos de la Tierra España.

La Ley de Residuos que se adopte desde el gobierno central determinará la política de gestión de residuos en todas las comunidades autónomas durante al menos la próxima década. En opinión de las citadas organizaciones, esta ley debe hacer posible una reducción significativa en la cantidad de residuos que termina en los vertederos o que se incineran, lo que supone un despilfarro de recursos y contribuye al cambio climático y a la emisión de gases y lixiviados tóxicos.

La nueva ley también deberá concretar algunas propuestas que incluye la Directiva, como el concepto llamado “enfoque del ciclo de vida” (Life Cycle Thinking) o la gestión que se quiere dar a los residuos biodegradables.

• La aplicación de planes de prevención de residuos y el establecimiento de objetivos y medidas que consigan una importante reducción en la generación de los mismos, con un calendario de cumplimiento más estricto que el impuesto por la directiva 2020.

• La recogida selectiva obligatoria de la materia orgánica para poder elaborar un compost de calidad que pueda ser utilizado en la mejora de los suelos.

La Jornada de reducción de residuos organizada por Amigos de la Tierra tendrá lugar el miércoles 13 de mayo, en La Casa Encendida. Políticos y gestores de residuos, expertos en la reducción de los mismos en nuestro país y en nuestros vecinos europeos, participarán como ponentes en la Jornada.

El plantel de expertos estará formado por el concejal de París, Ives Contassot, responsable de la prohibición de las bolsas de plástico en la ciudad de París, Catherine Maguire, miembro del Consejo de Desarrollo Sostenible Irlandés, Rosiaina Browning, encargada del proyecto de reducción de residuos de Amigos de la Tierra Escocia, María Jesús Rodríguez de Sancho, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Anna Peña, miembro de la Fundación catalana para la prevención de residuos y el consumo responsable.

El público asistente estará formado por responsables de la gestión de los residuos de diferentes ámbitos, concejales y técnicos municipales, responsables de diferentes Comunidades Autónomas, así como miembros de sindicatos, asociaciones de consumidores, ecologistas, etc.

Tras las intervenciones de los ponentes se realizará un debate para extraer conclusiones que permitan poner en práctica un plan de acción enfocado a la reducción de residuos en nuestro país. Ricardo Luis Izquierdo, jefe de servicio de residuos de Fuenlabrada, y representante de la Federación Española de Municipios y Provincias será la persona encargada de moderar el debate.

El 14 de mayo Amigos de la Tierra presentará las conclusiones finales de la jornada al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y a la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados con el objetivo de que la reducción de residuos sea asumida como prioridad.

Amigos de la Tierra valora de forma positiva las declaraciones de esta mañana de la Ministra Federal de Agricultura, Ilse Aigner en las que anunciaba la prohibición del cultivo del maíz modificado genéticamente MON810 en Alemania. Con esta decisión, Alemania es el octavo país de la UE con prohibiciones al cultivo de transgénicos. En España, único país de Europa que los cultiva a gran escala, la sociedad civil se moviliza durante esta semana en todo el Estado para denunciar esta situación. El sábado 18 de Abril, una manifestación conjunta en Zaragoza exigirá que el Gobierno Español prohíba el cultivo de transgénicos.

La Ministra alemana de Agricultura ha afirmado que hay razones legítimas para asumir que el maíz modificado genéticamente MON810 supone un riesgo para el medio ambiente, y ha anunciado que Alemania activará un artículo de la directiva 2001/18 que permite a los Estados Miembros plantear medidas contra cultivos transgénicos aprobados por la UE. Alemania se une a Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo y Hungría, que también han aplicado este artículo. Italia y Polonia mantienen también moratorias sobre el cultivo de transgénicos. Esta prohibición supone un claro éxito para la sociedad civil, donde grupos como Amigos de la Tierra Alemania llevan años haciendo campaña contra el uso de transgénicos en la agricultura y alimentación.

En 2008 se cultivaron en nuestro país casi 80.000 hectáreas de maíz modificado genéticamente. Durante años, ecologistas, agricultores y consumidores han denunciado que su cultivo en nuestro país se realiza en unas condiciones de absoluta falta de transparencia y control, con múltiples casos de contaminación de cosechas y alimentos.

Durante esta semana, un amplio conjunto de organizaciones sociales organizan cientos de actos, protestas y acciones en todo el país para denunciar esta situación. Esta semana de lucha culminará con una manifestación estatal en Zaragoza el sábado 18 de abril. Bajo el lema “Por una Alimentación y una Agricultura Libres de Transgénicos”, se espera que miles de personas de todo el país exijan al Gobierno que siga el ejemplo de Alemania .

“El Gobierno no puede seguir ignorando la oposición social y el contexto europeo. Por nuestro medio ambiente, nuestra seguridad alimentaria e incluso por la imagen de nuestros productos agrícolas en el exterior, tiene que
prohibir, de una vez, el cultivo de transgénicos en España” añadió Sánchez.

En la reunión de Madrid se ha decidido que la coordinación organizará y potenciará la campaña por el cierre de Garoña, y promoverá acciones unitarias sobre este tema, así como acciones informativas los días 16 y 25 de abril, y 13 de mayo. Una vez conseguido el cierre de Garoña, dicho organismo facilitará el intercambio de información y la realización de acciones conjuntas con motivo de la renovación de los permisos de explotación de las centrales de Almaraz, Vandellós, Cofrentes y Ascó, previstos para el 2010 y 2011.

Las organizaciones, plataformas y coordinadoras que han constituido este organismo de coordinación comparten la preocupación porque la naturaleza de difusión en el espacio y de persistencia en el tiempo de la contaminación radiactiva hace muy relativos los criterios de proximidad y lejanía. El problema de las centrales nucleares no se puede plantear únicamente en clave local o regional, ya que el alcance territorial del máximo accidente nuclear (Chernóbil) demuestra que el que una central esté ubicada en Tarragona, Valencia, Guadalajara, Burgos o Extremadura es irrelevante.

“Los transgénicos no son la solución al hambre. El futuro de la alimentación no pasa por el control de las multinacionales, que actúan como dictadores de lo que comemos y cultivamos, sino porque las semillas permanezcan en manos de los pueblos”, así de contundente se ha mostrado la premio Nobel alternativo Vandana Shiva durante su visita a Madrid.

Shiva ha participado, junto con Amigos de la Tierra, COAG, Ecologistas en Acción y Greenpeace, en la presentación de una nueva lista de adhesiones a la Declaración de la Sociedad Civil contra el uso de transgénicos en la agricultura y la alimentación. Este documento cuenta con el apoyo de una gran representación de la sociedad. Desde que hace un año se presentase la anterior edición, la oposición social ha ido en aumento. Ya son más de 450 investigadores, docentes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores, de productores de agricultura ecológica, ONG de desarrollo y entidades privadas las que se han sumado a este manifiesto.

“Este documento debe servir para que el Gobierno de España, que dice tener políticas progresistas y a favor de la sociedad, tome nota de la abrumadora oposición social a los transgénicos y modifique sus políticas que solamente benefician a las corporaciones agro-biotecnológicas”, ha declarado Vandana Shiva, escritora y científica, premio Nobel alternativo por su labor en defensa del medio ambiente y los derechos de las mujeres en la India. “El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino debe reconsiderar su apuesta transgénica y orientar la agricultura española hacia soluciones realmente progresistas y modernas, ambiental y socialmente sostenibles, como la agricultura ecológica” ha añadido.

Mientras los mayores productores de maíz de la UE han prohibido el cultivo de transgénicos, basándose en numerosos estudios científicos sobre sus impactos ambientales y sanitarios, España sigue siendo el principal productor de maíz transgénico de la UE. En 2008 se cultivaron en España 80.000 hectáreas en una condiciones de absoluta falta de transparencia e incumpliendo de muchas de las normas comunitarias y nacionales. Además, el Gobierno de España se encuentra en el pequeño grupo de países que está ayudando a la Comisión Europea a obligar a los estados miembros a levantar sus prohibiciones y a cultivar transgénicos.

“España no debe ser cómplice de la pérdida de biodiversidad que suponen los OMG”, ha concluido Vandana Shiva.

Amigos de la Tierra demuestra en un nuevo informe que los cultivos transgénicos están beneficiando a las multinacionales y no a los pequeños campesinos ni a las personas que sufren hambre, casi mil millones de
personas por la última crisis alimentaria. Se demuestra también como la industria de los transgénicos truca las cifras para dar la sensación de que sus productos son cada vez más aceptados. Todo esto casi un año después de la publicación de una evaluación de la ONU que concluye que los cultivos transgénicos no suponen una solución para aliviar el hambre ni la pobreza.

El nuevo informe de la Federación Amigos de la Tierra Internacional “¿Quién se beneficia de los cultivos transgénicos? [1] muestra como la subida de los precios de los alimentos básicos por la crisis alimentaria mundial ha permitido a las multinacionales como Monsanto acumular beneficios record, aumentando de forma exponencial el precio de las semillas transgénicas y de los agroquímicos que venden a los agricultores. Monsanto anunció en Enero que sus beneficios del último trimestre se habían casi triplicado, y que su beneficio neto está previsto que se triplique desde los 984 millones de dólares en 2007 hasta los 2960 millones en 2010.

Monsanto es la mayor empresa mundial de semillas, y prácticamente ostenta el monopolio de la tecnología transgénica. Las semillas modificadas genéticamente cuestan entre dos y cuatro veces más que las semillas
convencionales. Monsanto también comercializa el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo.

“Gracias en gran medida a Monsanto, los agricultores estadounidenses están afrontando incrementos dramáticos en los precios de las semillas transgénicas y en los químicos asociados” afirmó Bill Freese, del Centro por la Seguridad Alimentaria de EE.UU. “Los agricultores de países del Sur que se acojan a esta tecnología de Monsanto y otras multinacionales no pueden sino esperar la misma suerte, incrementos brutales del precio de las semillas y de los pesticidas, y un descenso radical en la disponibilidad de
semillas no transgénicas.”

El coste de las semillas transgénicas no es el único problema. Los cultivos transgénicos no se cultivan ni están diseñados para aliviar la pobreza. La inmensa mayoría son soja y maíz destinados a alimentación del ganado y producción de agrocombustibles en países desarrollados.

EE.UU. produce más del 50% de los cultivos transgénicos a nivel mundial. Y cerca del 90% del área global cultivada con transgénicos está en 6 países americanos (EE.UU., Canadá, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), países con un sector agrícola altamente industrializado y orientado a la exportación.

En Europa, donde el cultivo de transgénicos supone una parte marginal de la agricultura, las multinacionales inflan las cifras para maquillar la realidad. El único cultivo autorizado es un maíz, que supone tan solo el
0,21% de la superficie agrícola en la UE. España es el único país europeo que lo cultiva a gran escala, con más de 80.000 hectáreas en 2008. Siete países europeos han prohibido el cultivo de este maíz por sus impactos ambientales e incertidumbres sobre la salud.

El lobby de la industria europea, EuropaBio, alega un 21% de incremento en la superficie de transgénicos en Europa respecto a 2007, cuando en realidad se ha producido un 2% de descenso. El truco es tan simple como eliminar de los cálculos a Francia, el último país en prohibir el cultivo de transgénicos [2].

“Los transgénicos no están haciendo nada por solucionar los problemas de los pequeños agricultores, ni en el Sur ni en Europa. Y es bochornoso utilizar la lucha contra el hambre para promocionar un negocio multimillonario, con graves impactos ambientales y sociales, y alarmantes riesgos para la salud” añadió David Sánchez, de Amigos de la Tierra España.

A pesar de más de una década de propaganda, la industria no ha introducido ni un solo cultivo transgénico que incremente los rendimientos, que sea más nutritivo, resistente a la sequía o a la salinidad. Los transgénicos disponibles hoy en día siguen siendo en un 80% resistentes a un herbicida, lo que ha disparado el uso de agroquímicos en los países productores. El resto son resistentes a insectos.

La apuesta por los transgénicos ha oscurecido el gran potencial de la agricultura agroecológica, de bajo coste, para la producción de alimentos y aliviar el hambre. Un esfuerzo de cuatro años por parte de la ONU, la “Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola” (IAASTD en sus siglas en inglés), que implico a 400 expertos de múltiples disciplinas, gobiernos y multinacionales, recomendó una apuesta por los métodos agroecológicos, que ofrecen incrementos en la productividad sin semillas ni químicos caros, y una reforma de las injustas normas de comercio internacional [3].

Notas:

[1] El informe “Quién se beneficia de los cultivos transgénicos?”

http://www.foei.org/en/publications/pdfs/gmcrops2009full.pdf

[2]
http://www.europabio.org/documents/2008%20Cultivation%20chart.pdf

[3] http://www.agassessment.org/

El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ha sacado a información pública 11 solicitudes de campos experimentales de maíz transgénico de las empresas Monsanto, Pioneer y Procase en un total de 67 municipios de todo el país [. Entre estas solicitudes, se encuentran las de nuevos ensayos al aire libre con transgénicos con demostrados daños a la salud. La liberación al medio ambiente de transgénicos experimentales supone un grave peligro para el medio ambiente y la salud pública. Y seguir experimentando con maíces modificados genéticamente con potenciales daños para la salud no tiene justificación posible. Amigos de la Tierra ha presentado alegaciones a todas las solicitudes para que sean denegadas.

Un año más, las multinacionales de los transgénicos han solicitado realizar ensayos con transgénicos en campos experimentales al aire libre. 67 municipios de Andalucía, Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Navarra, Galicia y Cataluña pueden albergar nuevos ensayos de organismos modificados genéticamente cuyos posibles daños para la salud y el medio ambiente no han sido evaluados en una superficie total de más de 500.000 metros cuadrados.

Una de las variedades de maíz transgénico para las que se ha vuelto a solicitar autorización (NK603xMON810) ha sido el centro de la polémica los últimos meses al haberse descubierto que su consumo plantea graves riesgos para la salud. Un estudio, patrocinado por el Gobierno de Austria, concluyó que los ratones alimentados con este maíz transgénico tuvieron menos descendencia que los alimentados con maíz no transgénico. Y que este efecto se puede atribuir a la diferente alimentación.

“Intentar seguir cultivando variedades con demostrados daños a la salud es una muestra más de la poca ética de estas empresas. Y sería una irresponsabilidad imperdonable por parte del Gobierno seguir favoreciendo los intereses de estas multinacionales por encima de la salud pública y autorizar estos nuevos ensayos” añadió Sánchez.

El 31 de diciembre de 2008 era la fecha límite para acabar con las perjudiciales quemas de gas en Nigeria.

Amigos de la Tierra Internacional lanzó ayer una campaña para enviar cartas al Presidente Nigeriano, pidiendo a su Gobierno el fin de las quemas de gas por parte de las petroleras.

Shell, la petrolera anglo-holandesa, es la mayor productora de gas y petróleo en Nigeria.

En la extracción de petróleo, a menudo se encuentra el gas mezclado con el crudo y deben separarse. La forma más económica para eliminar el gas es a su vez la más destructiva medioambientalmente, se trata de su quema. Esta práctica le cuesta al país africano 2,5 billones de dólares, mientras que el 66% de la población vive en la pobreza.

“

El Gobierno Federal Nigeriano prometió recientemente frenar las quemas de gas en Nigeria y fijó como fecha límite para acabar totalmente con ellas el pasado 31 de diciembre. Por primera vez, también se alcanzó la determinación de emprender medidas pra sancionar las infracciones.

El primer intento de presión a las petroleras activas en el Delta del Níger para poner fin a las quemas fue en 1969, cuando la administración del General Yukubu Gowon les ordenó ofrecer las facilidades necesarias para utilizar el gas extraído en un plazo de cinco años.

“Se está organizando una campaña de presión al Gobierno Nigeriano para que acabe de una vez por todas con las quemas de gas. El Gobierno debe hacer cumplir las fechas límite para asegurar su fin. La gente ya ha esperado demasiado tiempo. Todas las compañías petroleras, incluida Shell, deberían simplemente cumplir con la ley nigeriana”, dijo Paul de Clerck, responsable de la campaña de multinacionales de Amigos de la Tierra Internacional.

Para conseguir el “lavado verde” de imagen y distraer al público de su sucio historial en Nigeria y otras partes del mundo, Shell colabora con organizaciones tales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, IUCN. La colaboración Shell-IUCN continúa a pesar de que la mayoría de los miembros de la IUCN se opongan al acuerdo. Para protestar por esta colaboración y para atraer la atención sobre el historial contaminante de Shell, Amigos de la Tierra Internacional decidió abandonar la IUCN.

En 2007 el gigante petrolero alcanzó su cifra record de beneficios anuales: 31,3 billones de dólares, lo que representó un incremento del 23% comparado con 2006.

El proyecto cuenta hasta el momento con el apoyo de la Junta de Extremadura y el visto bueno del Ministerio de Industria, pero se encuentra en estos momentos en el trámite de evaluación de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente. Las organizaciones ecologistas exigen que el Ministerio rechace el proyecto mediante la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental negativa y en caso contrario anuncian nuevas movilizaciones ciudadanas, así como acciones legales contra el proyecto por el incumplimiento de los compromisos internacionales de España en materia de conservación del medio ambiente. Destacan entre muchas otras cosas la falta de un estudio serio de alternativas. Mañana mismo el Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana discutirá el proyecto de oleoducto que cruzaría el entorno de este espacio protegido, uno de los más emblemáticos de nuestro país, para poder suministrar el crudo a la refinería.

Las organizaciones han destacado que la refinería tendría nefastas consecuencias también para la salud de las personas, principalmente por la emisión de partículas en suspensión y reclaman que las inversiones se destinen al fomento de energías limpias y renovables bien planificadas, que también generan empleo y riqueza.

Dada su localización a 150 kilómetros de la costa, el proyecto necesita la construcción de una serie de oleoductos y poliductos desde Huelva a los Santos de Maimona, en el centro de la provincia de Badajoz. Serían más de 300 kilómetros de infraestructuras que, junto a la propia refinería, afectarán a 14 espacios naturales protegidos por la Unión Europea, en parte por introducir un riesgo de vertido inasumible para al menos 65 cauces, y muy en especial para el Parque Nacional de Doñana al atravesar entre otros el río Guadiamar. Las organizaciones ecologistas representadas en el Patronato de este espacio protegido han solicitado por ello una resolución de este órgano en contra de este oleoducto. Además la toma de agua necesaria para la refinería se haría en un embalse que está declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Por todo ello, y por la oposición que ha surgido en la propia comarca y en toda Extremadura contra este proyecto, ejemplificada por la Plataforma Cívica Refinería No, las organizaciones ecologistas le piden al Gobierno y al Parlamento extremeño la retirada del mismo.

Coalición Clima ha remitido una carta al presidente Rodríguez Zapatero instándole a demostrar su liderazgo en la negociación que mantendrán este viernes los jefes de Estado de la UE para consensuar el Paquete de Clima y Energía, un documento que marcará la “hoja de ruta” de la política comunitaria en torno al cambio climático durante los próximos doce años.

Estas organizaciones critican la “actitud indiferente” de la UE frente al cambio climático y lamentan que el liderazgo de la Unión Europea sobre Clima se haya puesto en entredicho en la Cumbre de la ONU sobre Clima celebrada en Poznan (Polonia). Allí, la UE se ha mostrado incapaz de comprometerse a apoyar financieramente a los países en desarrollo para adaptarse al cambio climático, a pesar de los miles de millones de euros que los Estados Miembros de la UE recibirían de las subastas de derechos de emisión”. El sistema de la subasta de los derechos de emisión supondría que las empresas contaminantes europeas dejarían de recibir permisos gratuitos para contaminar, sino que tendrían que pujar por ellos, incentivando así la eficiencia y generando una importante cantidad de ingresos.

En concreto, la Coalición solicita al Presidente Rodríguez Zapatero:

Un compromiso inequívoco a un paso automático de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea del 20% al 30% en el 2020, y una vez se adopte un acuerdo internacional.

La mayor parte del objetivo de reducción debería realizarse dentro de la Unión Europea. Esto aseguraría la credibilidad y la consistencia de las posiciones que se han tomado, así como fomentaría la creación de empleo y el desarrollo de las tecnologías limpias. En ningún caso se debería aceptar que más del 50% del esfuerzo se realizase con proyectos fuera de la Unión Europea.

Los fondos procedentes de las industrias contaminantes se deberían destinar a políticas de lucha contra el cambio climático, tanto dentro como fuera de las fronteras de la Unión Europea. El empleo de la mitad de los ingresos de las subastas para acciones externas de mitigación y financiación de políticas de adaptación sería, no solamente un indicador clave de la capacidad de la Unión Europea para asegurar una contribución justa a los esfuerzos de los países empobrecidos y más vulnerables, sino también una ayuda incalculable para conseguir que el G77 apoye un acuerdo global sólido el próximo año en Copenhague.

Un Mecanismo serio y fuerte que obligue a cumplir objetivos mediante un sistema de multas y compensaciones.

Establecer para España objetivos concretos de reducción de emisiones, de obligado cumplimiento, que en ningún caso podrán suponer objetivos menos ambiciosos que los establecidos por el protocolo de Kyoto.

(1) Miembros de Coalición Clima:

Medio ambiente: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife, WWF/Adena.

Sindicatos: CC.OO.

ONGD: Asociación Globalízate, Ayuda en Acción, Coordinadora de ONGD, Fundación IPADE, Intermón Oxfam, Manos Unidas, MPDL.

Científicos: AFILS (Asociación para el fomento de iniciativas locales sostenibles), CIMA (Científicos por el Medio Ambiente), Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, Red de Economía Ecológica, Red de Universidades por el Clima.

Consumidores: ADICAE, ASGECO, CECU, FUCI, HISPACOOP, OCU.

Organizaciones de cooperación y ecologistas temen que el próximo Consejo de la Unión Europea resulte en un fiasco en la lucha contra el cambio climático porque demasiados estados miembros quieren suavizar el ya insuficiente compromiso para 2020 permitiendo un uso extensivo de los Mecanismos de Desarrollo Limpio. Estos procedimientos del Protocolo de Kioto buscan abaratar la reducción de emisiones realizándola en un país sin obligación de disminuirlas que acepte la puesta en marcha de una instalación o actividad en su territorio con la que emitirá menos en los próximos años. En esencia un país industrializado invierte en una nación en vías de desarrollo y consigue “créditos” de CO_2 con los que justificar su cumplimiento del acuerdo para salvar el clima.

Buena parte del cumplimiento del actual Protocolo de Kioto por los miembros de la Unión Europea se conseguirá de este modo. Según los datos de 2007 de la Agencia Europea de Medio Ambiente tres de los ocho puntos de reducción a que se ha comprometido la UE se conseguirán fuera de su territorio. Y esto basándose sólo en la intención declarada de los gobiernos, a lo que hay que sumar los créditos que utilice la industria incluida en el sistema de comercio de emisiones intraeuropeo.

Públicamente la Unión Europea declara que el calentamiento global no debe superar los 2ºC sobre los niveles preindustriales pero se puede estimar que con la propuesta de la Comisión el aumento probablemente llegaría cerca de los 3ºC y con las demandas de más “flexibilidad” por parte de estados miembros y lobbies industriales se extendería posiblemente hasta los 4ºC.

Las organizaciones de cooperación, sociales y ecologistas exigen coherencia a los gobernantes y en especial al gobierno de nuestro país. El objetivo de reducción de emisiones de la UE para 2020 , independientemente de que se alcance un acuerdo internacional, debe ser de, al menos, el 30% y realizarse en territorio europeo.

Cualquier contribución de Mecanismos de Desarrollo Limpio tendría que ser adicional a este objetivo. De otro modo la posición de la Unión en las negociaciones por un acuerdo climático mundial tras 2012 no tendrá credibilidad y será prácticamente imposible que los países emergentes acepten limitar sus emisiones.

Según Stephanie Long, representante de Amigos de la Tierra Internacional, para hacer frente al cambio climático los países industrializados deben reducir incondicionalmente sus emisiones al menos un 40% en 2020, al tiempo que transfieren financiación y tecnología a los países más necesitados y vulnerables al cambio climático para que puedan desarrollar economías con bajas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Los pequeños Estados insulares en serio riesgo de desaparecer por el progresivo aumento del nivel del mar, han pedido ser escuchados al solicitar un compromiso de los países industrializados para reducir sus emisiones un 40% en 2020, concluyó Stephanie Long.

Las naciones más vulnerables esperan que para 2050 la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero retroceda hasta las 350 partes por millón (ppm), de manera que el aumento de la temperatura media terrestre se mantenga por debajo de 1,5ºC en relación con los niveles preindustriales. Actualmente, la concentración atmosférica de GEI se encuentra por encima de las 380 ppm.

Los países del G-77 y China se han mantenido firmes en su posiciones, y han vuelto a poner el énfasis en las capacidades de los países ricos industrializados, que han acumulado los beneficios de más de 150 años de desarrollo industrial basado en la quema de combustibles fósiles.

La concentración actual de GEI en la atmósfera está provocando la modificación del clima global, de forma que las emisiones de hoy producirán impactos durante los próximos 50 años.

Un nuevo informe publicado hoy revela que la creciente demanda de piensos y agrocombustibles en Europa tiene como consecuencia la pérdida de grandes masas forestales, graves emisiones de efecto invernadero y conflictos rurales en los países del Sur. La Unión Europea en su conjunto necesita más de 16 millones de hectáreas de superficie agrícola cada año para alimentar a su ganado y cada vez más a sus vehículos, lo que supone un área equivalente a la suma de la superficie agrícola de Alemania y Hungría. La inmensa mayoría de estas tierras están en América Latina. España es el segundo país que más superficie necesita per cápita de toda la UE.

Además, los consumidores europeos no son convenientemente informados de que gran parte de esta soja está modificada genéticamente, ya que las actuales leyes de etiquetado de estos productos no se aplican a los derivados de animales alimentados con transgénicos.

Otros hallazgos destacados del informe son:

• La población de Chipre, España y Dinamarca es la que más productos animales consume. Utilizan respectivamente 340, 253, 243 m2 por persona fuera de sus fronteras tan solo para producir la soja necesaria para alimentar a sus animales de granja.

• Alemania, Francia y el Reino Unido en conjunto necesitan 4,5 millones de hectáreas para obtener la soja que mantiene su dieta actual.

• El principal cultivo utilizado para producir agrodiésel en Europa es la colza (56%), para lo que se necesitan más de 2 millones de hectáreas de tierra agrícola. Le sigue la soja (17%) y el aceite de palma (7%).

Amigos de la Tierra y COAG, junto al resto de grupos de Amigos de la Tierra Europa y la Coordinadora Europea Vía Campesina, consideran que si la UE está comprometida firmemente a enfrentar desafíos como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad global, los derechos humanos, y enfrentarse a la crisis alimentaria, debe reducir de forma urgente su dependencia de importaciones de soja y detener el uso de cultivos para la producción de agrocombustibles.

David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra afirmó: “El apetito europeo por carne, leche y huevos, junto con el incremento de la demanda de agrocombustibles, está suponiendo un impacto masivo en los países del Sur. La agricultura de estos países se está expandiendo para responder a la demanda europea con un tremendo coste para la conservación de los bosques, las comunidades rurales y el clima.”

Andoni García, miembro de la Ejecutiva de COAG señaló: “Hay que cambiar las políticas agrícolas y comerciales europeas en clave de soberanía alimentaria para eliminar la dependencia de importaciones de soja de países del sur, permitiendo que los agricultores puedan cultivar sus propios piensos y
apoyar un modelo de agricultura social y respetuosa con el medio ambiente.”

NOTA:

Un resumen de prensa de esta investigación y el informe completo están disponibles en:

http://www.tierra.org/spip/IMG/pdf/Resumen_de_prensa.pdf

En medio de los temores que suscitan los intentos de incluir a los bosques en el comercio de carbono, el próximo lunes 1 de diciembre dará comienzo la 14ª conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático en la ciudad polaca de Poznan. El mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación en los Países en Desarrollo (conocido como REDD) está programado para convertirse en parte del acuerdo internacional posterior a 2012.

REDD trata de reducir la deforestación, pero no detenerla, permitiendo que continúe la tala y la expansión agrícola en zonas boscosas. Se basa en una definición que contempla las plantaciones de árboles como si fueran bosques, aunque las plantaciones tan sólo almacenen el 20% del carbono que almacenan los bosques naturales intactos. Sin olvidar los graves problemas ambientales, sociales y económicos que provocan las plantaciones de monocultivo de árboles a gran escala.

Aunque la deforestación fue excluida del Protocolo de Kioto por los problemas metodológicos y las preocupaciones por la pérdida de soberanía de los países sobre sus recursos naturales, las grandes sumas de dinero que están siendo consideradas en REDD (decenas de miles de millones de Euros cada año) ha despertado de nuevo el entusiasmo de los inversores.

REDD puede ser financiado a través de la venta de créditos de carbono en los mercados internacionales, por lo general comprados por los países con compromisos de reducción de emisiones, lo que socavaría las metas de reducción actuales y futuras contraídas por los países industrializados, que cumplirían gran parte de sus objetivos de reducción pagando por compensaciones de carbono más económicas en los países en desarrollo.

Con este mecanismo se plantea la pregunta de a quién pertenecen los bosques, si es que son propiedad de alguien, y quién tiene derecho a vender los créditos de carbono de los mismos. REDD puede agudizar los conflictos existentes por la posesión de la tierra, perjudicando a pueblos indígenas y comunidades que dependen de los bosques.

Durante la conferencia en Polonia Amigos de la Tierra exigirá que los bosques se mantengan fuera de los mercados de carbono, que las plantaciones estén totalmente excluidas y que se respeten los derechos de la tierra de las comunidades locales. Si los gobiernos se toman en serio la lucha contra el cambio climático, la deforestación debe detenerse de una vez por todas.

El Gobierno español intenta bloquear en las instituciones europeas la investigación de los impactos socioeconómicos de los transgénicos. El único país europeo que cultiva transgénicos a gran escala no quiere que se evalúen sus impactos, como muestran documentos filtrados hoy mismo de la Comisión Europea. Al mismo tiempo, PSOE y PP rechazaron ayer una Proposición No de Ley para declarar España como territorio libre de transgénicos. Amigos de la Tierra, Greenpeace y COAG denuncian la actitud de un Gobierno que apoya estos cultivos pese a sus demostrados impactos ambientales, sociales y sobre la salud.

La Unión Europea, a iniciativa de la Presidencia Francesa, está revisando el proceso para evaluar los riesgos de la introducción de cultivos y alimentos transgénicos. En el seno de estas discusiones, el Gobierno español intenta bloquear la evaluación de los riesgos socioeconómicos. De los 27 estados miembros de la Unión, es España el único país que los cultiva a gran escala.

España cultivó en 2008 más de 80.000 hectáreas de un maíz transgénico; éste ha sido prohibido en varios países de la UE, basándose en evidencias científicas que muestran sus impactos ambientales, la imposibilidad de proteger a la agricultura ecológica y convencional de la contaminación y la falta de estudios sobre sus impactos sobre la salud.

Cabe recordar que lo que la UE pretende es incorporar también al proceso de aprobación los beneficios de los transgénicos. Juan Felipe Carrasco, responsable de la campaña de los transgénicos de Greenpeace ha afirmado: ““Que el Gobierno del único país que cultiva transgénicos en Europa quiera ocultar sus impactos da mucho que pensar sobre lo que se quiere ocultar”.”.Añadió: ““¿No será que el Gobierno Español, contrariamente a lo que afirma por todos los medios a su alcance, sabe perfectamente que no puede demostrar ningún beneficio de estos cultivos en el único Estado de la UE que los cultiva a gran escala?””.

De forma paralela, PSOE y PP bloquearon ayer en el Congreso una iniciativa para declarar España como territorio libre de transgénicos, evidenciando su apoyo a las multinacionales que dominan este sector.

David Sánchez, responsable de agricultura y alimentación de Amigos de la Tierra añadió: “”Es bochornoso que además de ocultar a la UE los graves impactos de los transgénicos y la falta total de beneficios, se defienda su cultivo en España en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad””.