LA ASOCIACIÓN PIDE  A LA CONSELLERIA, SEPRONA Y AYUNTAMIENTOS QUE TOMEN NOTA

Los árboles de más de la mitad de los paranys se están podando o se han podado ya, y esto quiere decir que en esos paranys se va a cazar. Por ello, la asociación pide  a la Conselleria, SEPRONA y Ayuntamientos que se organicen tomando las referencias necesarias para actuar de inmediato cuando se inicie la caza ilegal.

SENTENCIAS QUE NO SE CUMPLEN

En lugar de en un Estado de Derecho parece que nos encontramos en el Estado de la Justicia Simulada, donde las sentencias judiciales no se cumplen. Existe una Justicia que emite sentencias y una realidad que las evita y las ningunea. Y esa realidad existe porque la administración (Conselleria y Ayuntamientos) y fuerzas de seguridad del estado no ponen los medios para evitarlo. Todo lo contrario, en el caso de los Ayuntamientos y el Consell avalan con dinero público, modificaciones legislativas y declaraciones políticas la práctica ilegal.

LA CRUEL REALIDAD DEL PARANY

Las ONG medioambientales han elaborado un video divulgativo del parany dentro de la campaña nacional e internacional que da a conocer este método ilegal de caza. Disponible en http://www.youtube.com/watch?v=9×3-FkBqxpc o en  www.gecen.net muestra en imágenes lo que el Consell no muestra a los ciudadanos valencianos.

HAN SIDO CRITERIOS JURÍDICOS Y NO POLÍTICOS LOS QUE HAN LLEVADO LA LEY VALENCIANA AL CONSTITUCIONAL.

Las ONG medioambientales, con el objetivo de cerciorarse de la legalidad de la nueva Ley Valenciana de caza, pusieron en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la aprobación de dicha Ley en las Cortes Valencianas. Los servicios jurídicos del ministerio de Elena Espinosa estudiaron la nueva ley y determinaron que la modificación de la Ley de Caza Valenciana vulneraba la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley esta última que transpone los preceptos de la legislación medioambiental europea (Directiva aves), de obligado cumplimiento.

El expediente se remitió entonces al Ministerio de Política Territorial, del ministro Manuel Chaves, donde asimismo los servicios jurídicos proponen al Consejo de Ministros que el Tribunal Constitucional determine si la modificación de la Ley aprobada en las Cortes Valencianas cumple o no con los preceptos constitucionales.

De estos hechos se deduce que el Consejo de Ministros obra de manera lógica al hacer caso de las recomendaciones técnicas de los servicios jurídicos de dos ministerios y pedir al Presidente del Gobierno recurrir la Ley valenciana al Tribunal Constitucional por, presuntamente, contravenir la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Sorprendentemente, una vez conocida la decisión del Consejo de Ministros, el Consell, el PP, el PSPV y APAVAL hacen frente común, proclamando públicamente que van a trabajar para que el Presidente del Gobierno haga caso omiso a la petición del Consejo de Ministros y a las recomendaciones de los servicios jurídicos del Estado.

Es obligación en un Estado de Derecho asegurar que las nuevas normas jurídicas cumplen escrupulosamente con los preceptos legales de rango superior ya establecidos. Es competencia del Tribunal Constitucional así determinarlo.

Las ONG medioambientales se preguntan por qué motivo los sectores proparany se escandalizan cuando las administraciones del Estado cumplen con el cometido de asegurarse de que se mantienen intactos los preceptos constitucionales más básicos.

Nos preguntamos qué razones van a esgrimir los proparany para convencer al Presidente del Gobierno que obvie las recomendaciones de los servicios jurídicos y evite que sea el Tribunal Constitucional quien certifique la legalidad de la nueva ley. En definitiva, si tan selectivo es el parany y legalmente tan pulcra la nueva Ley, ¿ a qué temen?

GECEN lamenta el apoyo municipal al parany (mociones) y los titubeos, las dudas, etc., del Bloc y PSPV a nivel autonómico. Ni que decir tiene que las sentencias judiciales están para cumplirse gusten o no gusten, y que la ingeniería legislativa (modificar leyes) para no cumplir las sentencias es sinónimo de deficiencias democráticas graves, de romper la esencia del estado de derecho.

Unos furtivos que matan entre 1.5 a 2.5 millones de aves europeas protegidas por la Ley (además de tordos de forma masiva) no tienen amparo posible a nivel legal. Afortunadamente la Comunidad Valenciana no dispone de capacidad de actuación a nivel medioambiental al margen de la legislación de rango superior (estatal, europea). No existen anti paraísos medioambientales al estilo de paraísos fiscales en la UE, lugares donde la legislación medioambiental no sea de aplicación obligatoria, aunque el PP con leyes para contentar a furtivos y obtener votos se empeñe en ello. En todos los partidos políticos sin excepción cada vez son menos los que aprueban matar especies protegidas por diversión o por razones gastronómicas aunque sus “jefes” lo aprueben para obtener un supuesto puñado de votos.

GECEN SOLICITA AL PSPV QUE LLEVE LA LEY DEL PARANY AL CONSTITUCIONAL

GECEN APLAUDE LA ACTITUD DE LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES PESE A LA DICTADURA PRO PARANY DEL DIRECTOR TERRITORIAL, SR.TRAVER

Localizar 2.080 paranys e intentar cumplir con lo dispuesto en la legislación y en las sentencias judiciales es una auténtica odisea en Castellón. Sin embargo, honra a quienes, pese a expedientes y amenazas, continúan firmes y decididos en continuar con su labor profesional. La asociación agradece a los agentes medioambientales su trabajo y exige que haya garantías de que no serán expedientados por el Director Territorial quienes denuncien el parany.

La asociación ha recibido el segundo escrito por parte de la Comisión donde se señala la admisión de la denuncia presentada por el GECEN. En un primer escrito la Comisión indicó a la asociación que estaba estudiando si el convenio entre la mercantil COSTA BELLVER S.A. y el Ayuntamiento incumplía el derecho comunitario.

GECEN recuerda que la Queja a Europa presentada responde al incumplimiento de la sentencia de 16 de septiembre de 2004, del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, dictada en el asunto C-227/01, relativo a las obras “Línea Valencia-Tarragona. Tramo las Palmas-Oropesa. Plataforma”, y la decisión de la Comisión Europea de 4 de abril de 2006, que aceptó las medidas correctoras y compensatorias a realizar en la zona de las obras ferroviarias.

Las medidas correctoras y compensatorias, exigidas por la Comisión para dar por buenas las ilegales obras del nuevo trazado ferroviario, consistían entre otras actuaciones en la transformación de la vía de ferrocarril que quedaba en desuso en una vía verde.

La vía verde, pese a su nombre, no es más que una pista acondicionada para el uso turístico-recreativo que no supone ningún problema si utiliza el trazado de la vía del tren pero que destrozaría un lugar virgen, sin infraestructuras ni pistas, como es el LIC. Un LIC de escasa superficie que acoge endemismos botánicos y un paisaje que merece la protección que tiene. Un espacio natural que forma parte de la red europea de espacios protegidos (Natura 2000) precisamente por su relevancia medioambiental a nivel europeo. Unas medidas compensatorias que se convertirían en medidas agresoras a un espacio natural estrictamente protegido si la vía verde se construye dentro del LIC.

ADIF (ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS) ALEGA CONTRA EL CONVENIO DE LA MERCANTIL Y EL AYUNTAMIENTO

Al igual que las alegaciones presentadas por el GECEN, las alegaciones presentadas por ADIF han sido rechazadas. Sin embargo es Fomento quien tiene la decisión final de aceptar o no la propuesta de modificación de la vía verde.
La asociación remitió escrito a Fomento, al Ministerio de Medio Ambiente y a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda en septiembre de 2008 que no han obtenido respuesta alguna.

La propuesta del concejal de turismo de Torreblanca de hacer navegables los canales del Prat no es una idea nueva. Sólo hay que ver la información aparecida en la revista municipal hace meses (centro-visitantes-prat) para hacerse una idea de la salvajada que tienen en mente.

UN PARQUE TEMÁTICO EN SUSTITUCIÓN DEL PARQUE NATURAL.

GECEN considera propias de la ignorancia extrema las afirmaciones del concejal cuando indica que para hacer navegables los canales sólo se precisan trabajos de limpieza y adecuación de los mismos, unos trabajos que no afectarían a las características propias de flora y fauna. La limpieza a la que alude el concejal es la eliminación física de la vegetación que conforma hábitats prioritarios estrictamente protegidos que acogen poblaciones nidificantes, migrantes e invernantes de especies clasificadas como altamente sensibles a la alteración del hábitat.

El planeamiento turístico que propone el gobierno municipal para el Prat tiene similitud con los “lagos” de “Terra Mítica” o “Port Aventura” y son la antítesis de la gestión del turismo sostenible en humedales.

GECEN PIDE AL AYUNTAMIENTO QUE BUSQUE ASESORAMIENTO.

La lectura de libros como “Herramientas para la gestión del turismo sostenible en humedales” del Ministerio de Medio Ambiente son imprescindibles para abandonar la ignorancia medioambiental. El ecoturismo bajo las premisas del uso racional y la adquisición de herramientas y directrices para temas de turismo sostenible en humedales mediterráneos son la base sobre la que es imprescindible incidir.

El modelo de sol y playa que el Ayuntamiento pretende trasladar al interior del Parque, modificando las condiciones del ecosistema (eliminación de hábitats, aves y vegetación) como se modifica el ecosistema litoral para adaptarlo al turismo (limpieza-eliminación de dunas y la vegetación y aves asociadas), hace necesario que la Conselleria les pare los pies. De lo contrario el próximo artículo del Plan Rector de Uso y Gestión del Prat que se modificará será el que indica “Se prohíbe el baño en las balsas resultantes de la actividad extractiva de turba”. Seguro que se les ocurrirá parar las barcas y darse un chapuzón, eso sí, previa adecuación de las balsas a una “playa dominguera”.

GECEN CONSTATA QUE TODO SIGUE IGUAL O PEOR EN EL ESPACIO NATURAL.

La degradación y situación de abandono que sufre este espacio protegido por parte de la administración da lugar a un paisaje dantesco.

El pasado 15 de febrero la asociación denunció ante la Guardia Civil un circuito de coches teledirigidos a motor dentro del espació natural protegido, en el término municipal de Burriana. Ello fue causa del desplazamiento de la avifauna (chorlito dorado, avefría, garzas…) presente en la zona.

Se pudo constatar también mas de 150 vertidos de todas clases a lo largo de la desembocadura, botellas, escombros, lavadoras, maderas, frigoríficos, restos agrícolas, coche abandonado, plásticos, etc.

LOS PROBLEMAS DE SIEMPRE SIN SOLUCIÓN A CORTO O MEDIO PLAZO.

La eliminación de las construcciones ilegales, del campo de tiro y tiro con arco, control de los vertidos, dotar al río de caudal ecológico, impedir el tránsito ilegal de vehículos a motor y poner en valor el espacio a través de una gestión activa y efectiva del mismo parece una utopía. La actitud pasiva de la administración en la protección y activa en la descatalogación de hectáreas de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) como en Santa Bárbara así lo indican.

GECEN LLEVARÁ A LOS TRIBUNALES EL PAI SANTA BÁRBARA SI LO APRUEBA LA CONSELLERIA.

La sintonía entre el Conseller García Antón y el Ayuntamiento de Burriana en urbanizar la ZEPA, previa propuesta de descatalogación por parte de la Conselleria, hace prever que todo acabará en los tribunales.

Intentos de urbanización y descatalogación de espacios naturales protegidos han fracasado en otras provincias y comunidades, aún contando con el apoyo de las respectivas Consejerías o Consellerias para ello (por ejemplo en Murcia). Pero en la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Castellón, donde las sentencias a favor del medio ambiente son prácticamente nulas, puede pasar cualquier cosa.

La denuncia, presentada el pasado mes de diciembre, está siendo investigada por la Fiscalía al observar indicios de la presunta comisión de un delito contra el medio ambiente.

La especie, conocida localmente como “petxinots”, se encuentra clasificada en peligro de extinción debido a la precariedad de sus poblaciones a nivel autonómico. El Unio elongatulus se creía extinguido en la Marjal de Almenara hasta que recientemente fue redescubierto. Una gran noticia (a nivel de biodiversidad amenazada) que no ha obtenido respuesta adecuada en forma de actuaciones de gestión encaminadas a la protección de la especie y su hábitat. Ni a nivel autonómico ni a nivel municipal.

LA MUERTE DE EJEMPLARES PERTENECIENTES A ESPECIES CATALOGADAS EN PELIGRO DE EXTINCIÓN ES DELITO

La Conselleria, actor fundamental legalmente encargado de gestionar el humedal y de velar por su conservación, ofrece a los municipios un déficit endémico de inversión y gestión. Así pues quien ha de coordinar a los municipios para que cualquier actuación municipal cumpla la legislación medioambiental está ausente. Los riesgos de que un municipio actúe ignorando por desconocimiento o intencionadamente dicha legislación son evidentes. Aquí tenemos una muestra de ello. La solución era sencilla, una Conselleria que a través de los técnicos hubiera indicado cómo actuar (por ejemplo sacando los petxinots y devolviéndolos más tarde al agua) habría sido suficiente.

Sin embargo, mientras la coordinación y el buen hacer son inexistentes, vemos como cada día, hoy las fochas cornudas, al otro los “petxinots”, la Marjal de Almenara está cada vez más vacía de las verdaderas joyas de la biodiversidad que dan un especial valor al humedal.

Los hechos denunciados en la Pobla de Benifassà, consistentes en la construcción de un parking no autorizado, incumplen la normativa recogida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de la Tinença de Benifassà. Además afectan al ámbito territorial del Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana” y a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Tinença de Benifassà-Turmell” pertenecientes a la Red Natura 2000 y protegidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (CAPITULO III. Espacios Protegidos Red Natura 2000).

LA ZONA TRANSFORMADA SE SITÚA JUSTO AL LADO DE DONDE SE HA PREVISTO UNA URBANIZACIÓN

El polémico planeamiento municipal propuesto por el municipio, objeto de fuerte oposición vecinal y ecologista, prevé la urbanización de una amplia zona junto al lugar denunciado, la Font de Sant Pere, zona que además sufrió un incendio. Tras el incendio intencionado (según datos de la Conselleria) del 2001 se pretende ahora construir en la zona arrasada por el incendio 240 adosados. De ser esto aprobado por la Conselleria ésta, además de ignorar la legislación medioambiental que regula el Parque Natural, la ZEPA y LIC, incumpliría la Ley Forestal y la Ley de Suelo No Urbanizable que impide reclasificar toda aquella zona clasificada como forestal y no urbanizable que haya sufrido un incendio forestal.

De todas formas, quemar y posteriormente urbanizar puede obtener el sello verde de la Conselleria; tiempo al tiempo.

“Forestales igual a criminales”, “Ecologistas igual a terroristas” son pintadas aparecidas en plena época de caza ilegal del parany de 2008 en las zonas paranyeras.

A dichas pintadas se unieron, entre otras, las declaraciones del Vicesecretario General, Vicent Aparici, acusando a los ecologistas de radicales y extremistas entre otras lindezas.

Pues bien, ahora le toca el turno al Director Territorial, y no se le ocurre otra cosa que dar “una lección” a quien ha osado, al parecer, cumplir con su trabajo y denunciar el parany. La actuación de la Conselleria fue clara: poner todos los impedimentos posibles para que los agentes medioambientales no pudieran cumplir sus funciones de forma adecuada y así denunciar los menos paranys posibles. Las quejas continuadas de los agentes por falta absoluta de seguridad a la hora de denunciar los paranys fue motivo de desencuentro con la Conselleria, que tuvo reflejo en los medios de comunicación. Cualquier excusa, pues, ha sido suficiente, aunque sea trabajar más de lo que toca. Eso sí, trabajar más para denunciar infracciones de caza y el parany, pues cuando se trabaja más, fuera de horario, atendiendo a autoridades locales, entonces se aplaude, no se expedienta a nadie.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN-GER Y GECEN INSTAN A LOS AGENTES MEDIOAMBIENTALES A NO ABANDONAR

Desde Ecologistas en Acción-GER y GECEN manifestamos nuestra solidaridad con el agente y con el colectivo en general y esperamos que el expediente tenga un efecto contrario al que la Conselleria parece desear, es decir, que los agentes denuncien el parany pese al expediente. Así lo exige el cumplimiento de las sentencias judiciales del TSJ, Supremo y Tribunal de la Unión Europea (TUE), aunque el Director Territorial las ignore.

Se ha modificado el PGOU para urbanizar más pero nunca se ha modificado para incorporar la legislación medioambiental posterior al año 2000 en el planeamiento municipal.

Así las cosas, se continua contando y contabilizando medio centenar de zonas verdes en rotondas inaccesibles a los ciudadanos, es decir, ignorando la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) que impide contabilizar como zonas verdes aquellas zonas que no son accesibles y no pueden ser utilizadas por los ciudadanos.

El Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana o el Decreto 82/2006, de 9 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Murciélago Ratonero Patudo, hacen necesario modificar la clasificación del suelo en el Molí de la Font y su entorno y clasificarlo como suelo no urbanizable protegido ya que la cavidad pertenece al Catálogo y dicha especie de murciélago habita en ella.

Aplicar el metro por metro que contempla el artículo 13 de la LOTPP y el 47 de la LUV y que obliga a obtener un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro cuadrado reclasificado de no urbanizable a urbanizable es una necesidad, si no queremos ver un único paisaje, el gris del hormigón. La Marjaleria de Castellón, el Aeródromo o el entorno de la Magdalena son espacios óptimos para la aplicación del artículo 13 de la LOTPP.

LA RESOLUCIÓN DEL SUPREMO ES UNA OPORTUNIDAD PARA RECONDUCIR MEDIOAMBIENTALMENTE EL PGOU DE CASTELLÓN

Castellón necesita espacios suficientes libres de hormigón que garanticen una calidad de vida adecuada en el futuro. GECEN siempre ha apostado por la creación de un anillo verde alrededor de la ciudad (Marjaleria, Magdalena y montañas adyacentes, Aeródromo, Molí de la Font…). El PGOU debe exponerse de nuevo y necesita una revisión en profundidad. Copiar y pegar no sirve a nivel medioambiental, incumple la legislación.

El abandono patrimonial ha conllevado la destrucción de parte de las murallas por el derribo de algunas viviendas apoyadas en éstas. Esto, unido a la falta de sensibilidad municipal y abandono autonómico, ha llevado a una situación límite que necesita de actuaciones decididas, encaminadas a la protección integral de lo que queda y restaurar todo aquello que sea posible.

ESCRITO A LA CONSELLERIA

Las asociaciones han remitido escrito a la Conselleria advirtiendo de los hechos y solicitando su intervención activa. Que el patrimonio de Torralba esté en el punto de mira a nivel estatal como ejemplo de destrucción patrimonial denota cuanto menos deficiencias graves en la gestión, que deben subsanarse cuanto antes. Como primer paso ambas asociaciones solicitamos que el Recinto Amurallado de Torralba del Pinar sea inscrito en el registro de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de Cultura, pues según la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patriminio Cultural Valenciano es Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento. Consideramos que si está registrado oficialmente será protegido y respetado por el ayuntamiento.

C. Valenciana. Torralba del Pinar (Castellón)

• Historia/Descripción:

Se trata de una población fortificada de planta circular que contó con una sólida muralla y una torre mayor central. La fundación del municipio por los árabes y la permanencia a lo largo de los siglos de los moriscos, han originado que el casco urbano de Torralba del Pinar siga manteniendo un clarísimo aspecto musulmán. Aún se pueden apreciar restos arquitectónicos del amurallamiento medieval (siglos IX y XIII), confundidos con el caserío existente, salvo algún tramo con aspilleras que se encuentra visible. La torre, según tradición del lugar, fue desmontada y sus sillares utilizados en la construcción de la nueva iglesia a finales del siglo XVII. Cabe destacar también el castillo de origen árabe, probablemente construido entre el s. X y el s. XII y del que se aprecian diversos restos de murallas fundidas con las paredes rocosas que circundan la colina sobre la que se edificó.

• Época:

S. IX al XII

• Grado de protección:

Está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por la Disposición Adicional Primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

• Estado:

Parte de las murallas han sido demolidas, bien por el levantamiento de la iglesia nueva en el siglo XVII, bien por el derribo de algunas viviendas apoyadas en aquellas.

• Carácter del riesgo:

Abandono y destrucción por el derribo de las viviendas anexas.

• Localización geográfica:

Torralba del Pinar

Gracias al trabajo de campo de Acció Ecologista-Agró se ha constatado la mortandad masiva de Unio elongatulus en el Canal de Torreblanca. Una especie que se creía extinguida en la Marjal de Almenara y que recientemente ha sido redescubierta en dicho humedal. La colaboración entre las dos asociaciones ha llevado a éstas a presentar denuncia ante la Fiscalía por la comisión de un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente (artículo 325 C.P.).

Recordamos que la destrucción del hábitat y la muerte de especies catalogadas en peligro de extinción son, en aplicación del código penal, delito.

Exigimos, pues, que se depuren responsabilidades y que se actúe por vía penal contra quienes sean los responsables de la masacre de esta joya de la biodiversidad.

EL ABANDONO DEL HUMEDAL POR PARTE DE LA CONSELLERIA LLEVA APAREJADO ACTUACIONES NEFASTAS PARA EL PATRIMONIO NATURAL.

Con todas las precauciones ante un hecho de estas características consideramos que la actuación (drenaje del canal) apunta al Ayuntamiento de Almenara como responsable de la misma, si bien ello debe ser objeto (si la Fiscalía así lo considera) de investigación.

Lo que sí consideramos un hecho constatado es la responsabilidad, en el ejercicio de sus funciones, de la Conselleria, actor fundamental encargado de gestionar el humedal y de velar por su conservación. El déficit endémico de inversión y gestión de la Conselleria comporta asumir unos riesgos evidentes y aquí tenemos una muestra de ello.

Si cualquier actuación de esta índole contara con el seguimiento y autorización oportuna por parte de la Conselleria, con expertos medioambientales para asegurar que ésta y otras especies no son afectadas, se evitarían los irreparables daños aquí descritos. Algo tan sencillo como sacar los “petxinots” y devolverlos posteriormente al hábitat solucionaría satisfactoriamente el problema y evitaría afecciones significativas.

Si bien es cierto que la Confederación es la única que ha invertido en la restauración medioambiental (1.675.000 euros, cofinanciado al 70% por la Unión Europea) en la “Adecuación Ambiental y Uso Educativo de la Zona Húmeda de la Desembocadura del Mijares”, no es menos cierto que la zona necesita urgentemente nuevas actuaciones.

GECEN solicita a la CHJ que elabore un plan de actuación similar, si bien con sus matices, a las actuaciones que se están llevando a cabo en la “Adecuación de la desembocadura del río Palancia” dotado con 5,3 millones de euros.

AL MENOS SON NECESARIOS 10 MILLONES DE EUROS PARA RECUPERAR LO QUE ES DE TODOS, EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.

Debido a sus dimensiones, la Desembocadura del Mijares necesita al menos 10 millones de euros para recuperar el dominio público hidráulico (si se paga a 6 euros el m2 como en el Palancia) y su uso social. A esto habría que añadir la inversión necesaria para regenerar medioambientalmente el espacio natural y realizar actuaciones para evitar riesgos de inundación.

Una actuación de estas características supondría la creación de numerosos puestos de trabajo durante varios años. La asociación aboga por la colaboración entre las diferentes administraciones (Ministerio, Conselleria, Ayuntamientos…) en actuaciones en positivo, puesto que las actuaciones negativas que ha sufrido la zona a nivel urbanístico y medioambiental son responsabilidad compartida de la administración local, autonómica y estatal. Por ello, la asociación también considera necesario que quien tiene las competencias medioambientales en la Comunidad Valenciana, la Conselleria, deje su pasividad económica y ponga euros encima de la mesa para actuaciones de restauración medioambiental.

GECEN recuerda que tras las oportunas denuncias presentadas ante la Fiscalía, ésta abrió Diligencias de Investigación Penal y remitió la denuncia al Juzgado de Instrucción. La asociación ha solicitado ser parte, estando a la espera de la oportuna respuesta por parte del Juzgado.

La asociación tal como indican sus estatutos “cooperará con los organismos del Estado, entes autonómicos, ayuntamientos y otras entidades y organismos, públicos o privados, tanto nacionales como extranjeros o supranacionales” para la consecución de los fines expuestos en los mismos. De ello, la asociación ha dado buenas muestras al reunirse con cuantos actores se lo solicitaron, incluido, como no puede ser de otra forma, RENOMAR.

La asociación no ha recibido ningún documento referente a algún tipo de acuerdo extrajudicial por parte de RENOMAR. De hecho no hemos firmado Convenio o acuerdo de ningún tipo. Las expresiones literales, o no literales, o parecidas a “ya no se dan las circunstancias que motivaron la interposición de acciones penales contra diversas personas y organismos y que se tramitan con el número de diligencias…” o al anexo que compromete al firmante a “presentar el correspondiente escrito de desistimiento y renuncia de las acciones emprendidas [en el plazo máximo de cinco días], así como a no iniciar ninguna otra…” (El País, hoy) es la primera noticia de la que dispone la asociación al respecto.

LAS PROPUESTAS DE RENOMAR SERÁN ANALIZADAS POR LA ASOCIACIÓN Y OBTENDRÁN LA OPORTUNA RESPUESTA.

Las bases de cualquier acuerdo o colaboración que en un futuro pueda plantearse deben necesariamente contemplar medidas garantistas de máxima protección a la avifauna y a la Red Natura 2000. La actividad industrial, mal ubicada, ha provocado una serie de afecciones que deben desaparecen o minimizanse al máximo. Desaparecer en el caso de la mortandad de buitres con las medidas que se estimen oportunas y minimizar las afecciones paisajísticas con la elaboración de proyectos de restauración y compensación en los propios parques eólicos y en la Red Natura 2000. En este camino y para conseguir estos objetivos, tanto RENOMAR como cualquier entidad pública o privada contará con la colaboración de la asociación. En el camino contrario nuestro punto de encuentro, muy a pesar nuestro, es el Juzgado.

Que el Sr. Aparici proceda a crear una comisión especial de usos, costumbres y tradiciones de la provincia e incluya en ella al parany denota que, cuando las sentencias judiciales no le gustan por ser incompatibles con el respeto al medio ambiente, pretende que se incumplan.

Calificar de extremistas y radicales a quienes simplemente consideran una necesidad que en un estado de derecho se cumplan las sentencias judiciales, es aberrante. Que el Sr. Aparici apunte que las ONGs medioambientales somos extremistas y radicales, que ensuciamos la vida pública de la provincia de Castellón, actuando en contra de los intereses de la sociedad, es traspasar la línea roja de la sensatez y el sentido común para entrar en el campo de la agresividad verbal, que esperamos que se quede aquí y que el odio que fomentan esas palabras en el mundo ilegal (por sentencia judicial) del parany no se traduzca en violencia alguna de tipo no verbal. La aparición de pintadas del tipo ecologistas igual a terroristas o forestales igual a criminales, tras lo que podríamos calificar como “calentar el ambiente” por parte de determinadas declaraciones públicas de determinados señores, demuestra hasta qué punto sobran y son una manifiesta irresponsabilidad declaraciones como las del Sr. Aparici.

EL PARANY ES LA ANTÍTESIS DEL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

Sin duda, la mayor afección a la avifauna protegida en Europa Occidental causada por la utilización de un método ilegal de caza. La masividad y no selectividad del parany convierte, especialmente a la provincia de Castellón, en un punto negro de especial relevancia en la ruta migratoria de las aves europeas. El “derecho histórico”, al que se refiere el Sr. Aparici al defender el parany, a utilizar un método masivo y no selectivo de caza, a matar cientos de miles de aves protegidas, no consta en la legislación medioambiental. La apocalíptica, si no falaz y retorcida visión del Sr. Aparici de las ONGs medioambientales, como si se tratara de una especie de arma creada por determinados políticos con la intención de destrozar la sociedad, señalan al Sr. Aparici como una persona no apta para desempeñar el cargo que ocupa o cualquier otro con determinada responsabilidad política o social, además de un problema para el medio ambiente de la provincia de Castellón.

Enlaces donde figuran algunas de las declaraciones públicas del Sr. Aparici:

- http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112200_4_522556__Castello-crea-comision-para-preservar-parany-persigue-desde-Consell
- http://www.elperiodic.com/burriana/opinion/laventana/666_parany.html
- http://www.ppvinaros.es/vicent-aparici—els-paranyers-han-tomado-nota-de-las-declaraciones-de-signes-y-la-actitud-del-psoe-contra-el-parany–nod55.html

Sustituir el ecosistema litoral por el “el ecosistema urbanístico-PAI” tiene un efecto catastrófico sobre la diversidad biológica que necesita y depende de dichos ecosistemas litorales. Bioindicadores de la salud medioambiental de nuestras costas y playas, como puedan ser determinados endemismos vegetales y aves nidificantes (por ejemplo chorlitejo patinegro), han visto decrecer sus poblaciones de forma alarmante. Los hábitats presentes en nuestro litoral necesitan actuaciones urgentes de gestión para garantizar la continuidad de una amplia lista de especies que dependen de él si no queremos ver cómo éstas engrosan otro listado, el de especies extinguidas.

El urbanismo planteado en Burriana (Castellón) respeta, protege, 0 metros del ecosistema litoral presente en el municipio. Cualquier atisbo de racionalidad territorial ha sido aparcado en pro de la especulación urbanística. Es más, se pretende urbanizar una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) declarada en mayo de 2000 “Desembocadura del Mijares” previa desclasificación de 30,36 hectáreas de ésta (toda la ZEPA del término de Burriana).

Hasta el momento la Consellería ha seguido fielmente las directrices urbanísticas dictadas por el Ayuntamiento de Burriana, incluso cuando ello supone desclasificar espacios naturales protegidos como la citada ZEPA.

La asociación, como ha indicado reiteradamente, acudirá a la Justicia para evitar la desclasificación y posterior urbanización de estas 30,36 hectáreas de ZEPA. Hectáreas que además están protegidas bajo la figura de LIC (Lugar de Interés Comunitario). GECEN recuerda la complicidad y trabajo en común realizado por Ayuntamiento y Consellería para eliminar la zona protegida (30,36 hectáreas. ZEPA y LIC), que se pretende urbanizar y que cronológicamente resumimos:

• Año 2000. Se declara, por la Consellería, la zona como ZEPA el 9 de mayo.

• Año 2002. Se declara, por la Consellería, como LIC el 10 de julio.

• Año 2003. Se constituye en junio la sociedad Santa Bárbara Golf, S.A con una composición accionarial participada por Sotogrande, S.A., Calviga, S.A. (Lubasa), Gesturbe, S.L. (GyC), Medi Castellón, S.L. y PGP Asociados, S.L. que pretende urbanizar las 30,36 hectáreas de ZEPA y LIC.

• Año 2004. El 22 de diciembre se presenta el PAI de 3.588.980 m² en el registro municipal, e incluye una Marina interior para 2.691 amarres y un campo de Golf de 700.000 m². El PAI ocupa la ZEPA y LIC (30.36 hectáreas).

• Año 2005. La Consellería, el 15 de abril, declara como Paisaje Protegido la Desembocadura del Mijares. Excluye las 30,36 hectáreas (ZEPA y LIC) que forman parte del proyecto urbanístico y que evidentemente continúan siendo ZEPA y LIC.

• Año 2005. El Ayuntamiento de Burriana, con fecha 11 de noviembre, publica el anuncio en el DOGV “Información pública del proyecto de modificación puntual número 23 del Plan General de Ordenación Urbana. [2005/F12148]“. Desclasifica suelo SNU-PM (protección ecológica y medioambiental) para clasificarlo como no urbanizable común. La zona que se reclasifica es la ZEPA y LIC (30,36 hectáreas) entre otras.

• Año 2008. El Ayuntamiento de Burriana, con fecha 9 de enero de 2008 publica el anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº. 5676, de 9 de enero de 2008: “Información pública del documento de concierto previo del Plan General de Ordenación Urbana de Burriana [2008/60]“. El documento recoge el PAI Santa Bárbara Golf que ocupa la ZEPA y LIC (30,36 hectáreas).

• Año 2008. En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana nº 5.683, de 18 de enero de 2008, aparece un anuncio de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda: “Información pública del proyecto de acuerdo del Consell de ampliación de la red de zonas de especial protección par las aves (ZEPA) de la Comunidad Valenciana. [2008/487]“. La Conselleria propone eliminar las 30,36 hectáreas de ZEPA que ocupa el proyectado PAI Santa Bárbara Golf.

La Conselleria continúa con la intención de ejecutar uno de los proyectos de mayor impacto ambiental de la provincia de Castellón, el vial Cabanes-Oropesa opción sur. Para ello, de un coste total estimado de 23.208.000 euros, destina para 2009 250.000 euros, en 2010 son 8.708.870 euros y para 2011 otros 7.000.000 euros según consta en los Presupuestos de la Generalitat.

Nada justifica la extinción de especies, a nivel mundial, como el Typhlatya miravetensis (gamba de Miravet) en pleno siglo XXI. Mientras la Conselleria de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda se empeña en ello, dando el visto bueno a dicho vial, la misma Conselleria en su libro “Invertebrados endémicos de la Comunitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge, Generalitat Valenciana” de 2005 indica, respecto al Typhlatya miravetensis, que “Está pendiente la definitiva paralización de la construcción de una carretera que perjudicaría enormemente la supervivencia de esta especie única en el mundo”.

libro-conselleria-invertebrados-endemicos

Es decir, la Generalitat reconoce que el vial Cabanes-Oropesa en su opción sur extinguiría el Typhlatya miravetensis utilizando el eufemismo “perjudicaría enormemente la supervivencia” y al mismo tiempo decide que así sea.

LA OPCIÓN NORTE: UNA OPCIÓN QUE RESPETA LA BIODIVERSIDAD CAVERNÍCOLA ENDÉMICA Y EL PARQUE NATURAL DEL DESERT DE LES PALMES

GECEN pide a la Conselleria que desestime, por irrespetuosa con el medio natural, la opción sur del vial y gestione de acorde con sus valores el conjunto del ecosistema cavernícola. La asociación recuerda que entre sus propuestas está la ampliación del Desert de les Palmes, de forma que abarque dicho ecosistema, y la gestión integral del mismo de forma que se minimice al máximo cualquier afección.

GECEN lamenta que el ecosistema con mayor biodiversidad cavernícola de la Península y Europa Occidental sea ignorado cuando no despreciado por la Generalitat. Sólo las cavidades que se encuentran en los Balcanes superan en cuanto a biodiversidad cavernícola al conjunto de cavidades de Castellón. La comunidad científica nacional e internacional avalan la necesidad de proteger dicho ecosistema pero ello y la legislación medioambiental parece no importar lo más mínimo a quienes tienen capacidad de decisión.

carta-de-apoyo-a-la-proteccion-del-typhlatya-miravetensis-remitida-por-el-presidente-del-comite-nacional-de-la-union-mundial-para-la-naturaleza-uicn-de-espana

libro-rojo-invertebrados-de-espana-typhlatya

Las previsiones expresadas por el presidente de APAVAL indicando en octubre que 2.000 paranyers saldrían a cazar desafiando las sentencias judiciales se han cumplido. La captura de aves protegidas, su muerte y posterior degustación ha formado, un año más, parte de la tradición gastronómica y festiva de determinados municipios y comarcas junto a los “legales” tordos. La asociación lamenta la falta de contundencia en la persecución de un delito que se ha consumado día tras día en centenares de paranys de Castellón y que ha supuesto la muerte de centenares de miles de aves protegidas.

Así las cosas, un año más nos hemos encontrado más de lo mismo: el apoyo, la connivencia y las promesas políticas de legalización, el incumplimiento de la Ley y las sentencias judiciales y la masacre, para deleite y juerga de unos pocos, de cientos de miles de aves protegidas.

parany-nov-2008

Denunciar, en el mejor de los casos, el 8% de los paranys remitidos por la asociación con los medios humanos y materiales de que dispone la Consellería es prevaricación, es no denunciar porque no se quiere denunciar.

Que la Conselleria denuncie en 2007 únicamente 122 paranys (Agentes Medioambientales) de los cerca de 2.000 paranys activos de ese año no es ineficacia justificable bajo ningún pretexto, es prevaricación.

LA CONSELLERÍA NI CUMPLIÓ LAS SENTENCIAS JUDICIALES DEL TRUBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, SUPREMO Y TRIBUNAL DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2007, NI LO HACE EN 2008.

Lamentablemente nos encontramos en una situación en la que la propia administración no cumple con las sentencias judiciales porque no le gustan. O al menos eso es lo que se deduce con declaraciones públicas como las del Conseller de apoyo explícito al parany, prometiendo a APAVAL la búsqueda de “ingeniería legislativa” para “legalizar” un método masivo y no selectivo que causa la muerte de entre 1 y 3 millones de aves protegidas por la legislación. De hecho, la Comunidad Valenciana es un sumidero, un verdadero punto negro en la ruta migratoria occidental de las aves europeas. No hay constancia en toda la Europa Occidental de un método ilegal de caza que cause tanto daño a la avifauna protegida como causa el parany.

paranys-denunciados-2007

LA INMENSA MAYORÍA DE LOS PARANYS REMITIDOS EN LA PRIMERA LISTA (130) SIGUEN CAZANDO CON TOTAL IMPUNIDAD.

Ni la Conselleria ni nadie denuncia, o si se denuncia es como si no se denunciara. A efectos prácticos se caza con total descaro. Paranys situados junto a caminos asfaltados, a plena luz del día, siguen con su actividad. Actividad que se estima supone la muerte de cientos de miles de aves protegidas, entre 1 y 3 millones según el paso de aves.

LA MUERTE DE MILES DE AVES PROTEGIDAS NO PUEDE CONTAR CON LA COMPLICIDAD DE UN CONSELLER.

La asociación espera que el normal funcionamiento del estado de derecho acabe por subsanar las graves deficiencias actuales ya que consideramos de extrema gravedad que las sentencias judiciales no se cumplan.