HAN SIDO CRITERIOS JURÍDICOS Y NO POLÍTICOS LOS QUE HAN LLEVADO LA LEY VALENCIANA AL CONSTITUCIONAL.

Las ONG medioambientales, con el objetivo de cerciorarse de la legalidad de la nueva Ley Valenciana de caza, pusieron en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino la aprobación de dicha Ley en las Cortes Valencianas. Los servicios jurídicos del ministerio de Elena Espinosa estudiaron la nueva ley y determinaron que la modificación de la Ley de Caza Valenciana vulneraba la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Ley esta última que transpone los preceptos de la legislación medioambiental europea (Directiva aves), de obligado cumplimiento.

El expediente se remitió entonces al Ministerio de Política Territorial, del ministro Manuel Chaves, donde asimismo los servicios jurídicos proponen al Consejo de Ministros que el Tribunal Constitucional determine si la modificación de la Ley aprobada en las Cortes Valencianas cumple o no con los preceptos constitucionales.

De estos hechos se deduce que el Consejo de Ministros obra de manera lógica al hacer caso de las recomendaciones técnicas de los servicios jurídicos de dos ministerios y pedir al Presidente del Gobierno recurrir la Ley valenciana al Tribunal Constitucional por, presuntamente, contravenir la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Sorprendentemente, una vez conocida la decisión del Consejo de Ministros, el Consell, el PP, el PSPV y APAVAL hacen frente común, proclamando públicamente que van a trabajar para que el Presidente del Gobierno haga caso omiso a la petición del Consejo de Ministros y a las recomendaciones de los servicios jurídicos del Estado.

Es obligación en un Estado de Derecho asegurar que las nuevas normas jurídicas cumplen escrupulosamente con los preceptos legales de rango superior ya establecidos. Es competencia del Tribunal Constitucional así determinarlo.

Las ONG medioambientales se preguntan por qué motivo los sectores proparany se escandalizan cuando las administraciones del Estado cumplen con el cometido de asegurarse de que se mantienen intactos los preceptos constitucionales más básicos.

Nos preguntamos qué razones van a esgrimir los proparany para convencer al Presidente del Gobierno que obvie las recomendaciones de los servicios jurídicos y evite que sea el Tribunal Constitucional quien certifique la legalidad de la nueva ley. En definitiva, si tan selectivo es el parany y legalmente tan pulcra la nueva Ley, ¿ a qué temen?