Plataforma “No a nuestra costa”

Ecologistas, vecinos, empresarios, pescadores, académicos, juristas y sindicatos se unen para promover un modelo sostenible de desarrollo en el litoral.

En dos décadas, nuestra costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.

Hoy se ha presentado en rueda de prensa en Madrid la Plataforma “No a Nuestra Costa”, una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma. Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a Nuestra Costa” La Ley de Costas es una garantía para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación urbanística.

[ad#ad-1]”No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.

Con la presentación de la Plataforma, las organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez de la actual Ley de Costas en www.noanuestracosta.org

La situación de nuestra costa actualmente: La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la conservación de los recursos naturales. Se establecieron claros límites al proceso de desfiguración de la costa (iniciado hace 60 años), haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos que recoge el artículo 132 de la Constitución española. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables otros 30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa.

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